El fraude fiscal y de prestaciones, las reclamaciones de seguridad social falsas y las numerosas actividades fraudulentas suponen una merma constante de las finanzas públicas. Los servicios digitales ofrecen nuevos canales para que los estafadores los cometan, lo que crea la necesidad de proteger la integridad de la prestación de servicios mientras se mantiene la confianza de los ciudadanos y se garantiza que son quienes dicen ser.

¿Cómo lo conseguirá?